Mediante decreto 2288 del 25 de junio de 2010, se reglamentó la facultad discrecional de que trata el art. 504 de la ley 906 de 2004, de diferir la entrega de personas en extradición, en relación con personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, sindicados o condenados como autores o participes de hechos delictivos cometidos en el territorio colombiano durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional, en los términos de la ley 975 de 2005 (ley de justicia y paz)
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